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Title: Analizar la ley 898 del 2017 en la investigación y desmantelamiento de la organizaciones criminales, que alteren el proceso de paz con respecto al homicidio sistemático de líderes sociales
Authors: Aguirre Camargo, Geovanny Andrés
Keywords: Unidad Especial de Investigación
Grupos Paramilitares
Sistema Integral de Verdad
Justicia
Reparación y No Repetición
Líderes/sociales y Oposición Política
Medidas de Retorno
Restitución y Reparación en Materia Agraria
Procesos de Transición a la Paz
Issue Date: 2019
Publisher: Universidad Santiago de Cali
Citation: Aguirre Camargo, G. A. (2019). Analizar la ley 898 del 2017 en la investigación y desmantelamiento de la organizaciones criminales, que alteren el proceso de paz con respecto al homicidio sistemático de líderes sociales. Universidad Santiago de Cali.
Description: El presente ensayo consiste en realizar un análisis del Decreto 898 de 2017, el cual da inicio a la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; verificar si realmente satisface los requisitos materiales y formales que deben surtir las normas de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2016 y las decisiones de la Corte y su real efectividad de aplicación en la actualidad. El presente escrito está compuesto por tres partes claramente diferenciadas por lo que su análisis debe hacerse por separado. Por un lado, la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen y atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, (en adelante “Unidad Especial de Investigación” o “La unidad”), la Unidad Especial Investigativa nace como una medida de articular con otras incluidas el Acuerdo Final como la Comisión de Seguridad y Garantías, la creación de un cuerpo élite de la Policía Nacional, todo en busca de una PAZ real, eficaz y efectiva, con independencia de sus decisiones; inmerso a ello, la modificación de la estructura de la Fiscalía General de la Nación que no se relacionan directamente con la implementación del Acuerdo Final, pero han sido fruto de la voluntad unilateral del Gobierno. Es claro que el Acuerdo Final indicó que se debía fortalecer la Fiscalía General de la Nación para el funcionamiento de la Unidad que se incorpora. De los requisitos materiales y formales, se debe estudiar la necesidad estricta y conexidad objetiva, estricta y suficiente con el Acuerdo Final y por último, su efectiva aplicación en Colombia, en este aspecto, atendiendo la situación por la que atraviesan defensores/as de derechos humanos y líderes/as sociales amerita la adopción de medidas inmediatas y urgentes, de prevención, la acción de investigación, judicialización y sanción de los agresores, y la desarticulación de estos grupos, hasta ahora motivo de preocupación para la OACNUDH registró que la comisión de 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas y 72 violaciones a los derechos de privacidad y propiedad, para un total de 389 ataques a esta población y la Defensoría del Pueblo señaló que, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero del presente año, se registraron al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes y lideresas sociales16. Los registros de organizaciones de derechos humanos como el Programa Somos Defensores refieren que durante 2016, fueron asesinados 80 defensores y defensoras de derechos humanos y 43 fueron víctimas de ataques contra su vida. (Quevedo, 2017)
URI: https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1155
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